Panamá, 29 de septiembre del 2025 – Diputada Yamireliz Chong presentan Proyecto de Ley para facilitar la adquisición de viviendas usadas en Panamá.
La iniciativa contempla incentivos económicos, exoneraciones y beneficios fiscales para compradores de viviendas de segunda mano.
La Honorable Diputada Yamireliz Daymirelkis Chong Smith del Circuito 3-1 presentó el Proyecto de Ley No. 252, que crea incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas o de segunda mano, estableciendo además disposiciones fiscales que buscan dinamizar el mercado inmobiliario y ampliar el acceso a la vivienda para cientos de familias panameñas.
La propuesta legislativa plantea medidas concretas como:
- La creación de incentivos económicos para préstamos hipotecarios, canalizados a través de intermediarios financieros públicos o privados autorizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
- Exoneración del impuesto de bien inmueble para viviendas cuyo valor no exceda de B/.300,000.00.
- Modificación del impuesto de transferencia de bien inmueble aplicable al momento de la compra.
Este proyecto está dirigido a personas que desean adquirir una vivienda usada por un monto de hasta B/.300,000.00, (Terreno y mejoras) y que no hayan sido beneficiarios de programas de interés preferencial en la compra de inmuebles nuevos.
«Este proyecto no solo impulsa el acceso a la vivienda para cientos de panameños, también promueve un crecimiento urbano más sostenible, dando nueva vida a infraestructuras existentes y contribuyendo a la eficiencia del uso del suelo», afirmó la diputada Chong Smith.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2023, Panamá cuenta con 1,201,809 viviendas, entre individuales, improvisadas, apartamentos y cuartos de vecindad, para una población que ya supera los 4 millones de habitantes, reflejando una necesidad creciente de soluciones habitacionales asequibles.
La propuesta legislativa fue introducida el 3 de abril de 2025, con su prohijamiento el 9 de abril y pasó a primer debate el 26 de abril, demostrando un avance significativo en el proceso legislativo.
Con esta ley, se espera brindar mayor seguridad jurídica y estímulo financiero a quienes optan por adquirir viviendas usadas, dándole una segunda vida al inmueble fomentando al mismo tiempo la reactivación de un segmento clave del mercado inmobiliario.
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