Panamá, 25 de agosto del 2025 – La Diputada de la República, Yamireliz Daymirelkis Chong Smith, presentó formalmente ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, con el objetivo de garantizar relaciones contractuales más justas y transparentes entre los centros de educación particular, proveedores del servicio de transporte colegial y los padres de familia. La propuesta reconoce que la educación particular, como alternativa a la oficial, implica una contraprestación económica que debe estar claramente definida en un contrato. Dicho contrato debe contener información clara, veraz, detallada y oportuna sobre el servicio ofrecido, los costos asociados y las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio.  Entre los puntos más relevantes del anteproyecto destacan: Definición de contrato de educación particular como un contrato de adhesión con carácter oneroso, en el que se detallen derechos, obligaciones y condiciones del servicio. Modalidad de enseñanza clara (presencial, semipresencial o virtual) y medidas aplicables si esta no puede cumplirse. Desglose transparente de los costos según el nivel educativo (preescolar, primaria, premedia y media), brindando previsibilidad a los padres sobre los pagos a largo plazo. Regulación de las donaciones exigidas en procesos de inscripción o reserva de cupo, estableciendo que estas sean voluntarias, realizadas una sola vez, directamente al centro educativo y bajo un monto límite. Prohibición de la venta atada de uniformes, útiles o textos escolares, asegurando la libre competencia y la potestad de los padres de denunciar estas prácticas ante ACODECO. Contratación del transporte colegial, incluyendo cláusulas que definan qué ocurrirá en caso de que el servicio no se preste, brindando certeza a los padres y prestadores del servicio. La iniciativa también refuerza la protección a la niñez y la adolescencia, en concordancia con la Ley 285 de 2022, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Con este proyecto, la diputada Chong reafirma su compromiso con la transparencia, la defensa de los consumidores y la protección de los derechos de las familias panameñas.

“Este anteproyecto no busca promover la cultura del no pago ni proteger a quienes evaden sus responsabilidades financieras. Reconocemos y protegemos la libre empresa y el derecho legítimo de estas a recuperar sus deudas.” Panamá, 28 de julio de 2025 – En la Asamblea Nacional, la diputada Yamireliz Chong en conjunto con los Honorables Diputados Jorge Bloise y Jonathan vega presentaron el Anteproyecto de Ley «Que regula las actividades de cobranza realizadas por las agencias de cobro y establece disposiciones para la protección del derecho a la intimidad de los consumidores», con el objetivo de establecer un marco legal claro que proteja los derechos de los ciudadanos frente a prácticas abusivas de cobranza. La propuesta legislativa surge como respuesta a numerosas quejas de consumidores sobre acoso telefónico, mensajes intimidatorios y otras prácticas invasivas por parte de agencias de cobro, especialmente en un contexto de fragilidad económica que enfrenta los ciudadanos panameños a causa del desempleo persistente, aumento del costo de vida y la grave situación económica en general. “Reconocemos el derecho legítimo de las empresas a recuperar deudas, pero es fundamental garantizar que estas actividades se realicen con respeto a la dignidad, privacidad e integridad del consumidor” este proyecto no busca promover la cultura del no pago o proteger a aquellos que evaden sus responsabilidades financieras. Reconocemos y protegemos la libre empresa y el derecho legítimo de estas a recuperar sus deudas. afirmó la diputada Chong durante la presentación del documento. El anteproyecto establece límites claros para el contacto de las agencias con los deudores, regulando canales de contacto, horarios, frecuencia y prohibiciones específicas, como evitar llamadas insistentes y en horarios no hábiles, o visitas en el domicilio laboral, el contacto con terceros o NO relacionados con la deuda incluyendo a los tengan algún vínculo de parentesco con el deudor, y el uso de lenguaje amenazante.